Es una de las propuestas contenidas en los documentos que entregó el Gobierno a quienes acudieron a la reunión de la que habló a primera hora de la mañana el presidente, Mariano Rajoy.

Son cuatro documentos que abordan muchas de las medidas que se analizaron al tramitar el Proyecto de Ley de Transparencia.

Los documentos agrupan las medidas en cuatro bloques: Ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, Ley reguladoraa del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, Plan de Regeneración Democrática, y Medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

La intención del Gobierno expresada a los partidos en esa reunión, a la que no asistieron ni el PSOE ni UPyD, es que esas medidas se tramiten como proyectos de ley en el próximo periodo de sesiones.

El Gobierno propone regular por ley quién tiene la consideración de cuentadante de los partidos y el cauce que debe seguirse para la rendición de esas cuentas.

Se incluiría la obligatoriedad de que el responsable de las cuentas de todos los partidos que reciban subvenciones comparezca anualmente ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Además, sería obligatorio para todos los partidos publicar en Internet todas las subvenciones que reciben, y también las donaciones superiores a la cantidad que se determine.

También estarían obligados a establecer en sus estatutos un procedimiento de aprobación de las cuentas, y de unas instrucciones "en materia de contratación".

El Gobierno también propone que sea obligatorio para los partidos registrar a las fundaciones y asociaciones vinculadas, y que ese registro sea vinculante para concurrir a las subvenciones.

Esas fundaciones y asociaciones estarían sometidas a controles sobre las aportaciones que reciben, similares a los de los propios partidos.

Para hacerlo posible, habría que especificar expresamente las circunstancias que determinan la existencia de esa "vinculación" con un determinado partido político, precisa el Gobierno en su escrito.

El Gobierno habla asimismo de incorporar fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Seguridad Social o la Oficina de Conflictos de Intereses para garantizar una correcta fiscalización y detectar posibles vulneraciones de estas normas.

Finalmente, propone "clarificar" el régimen sancionador, clasificando las infracciones en muy graves, graves y leves.

Entre esas infracciones se incluiría, añade el Ejecutivo, la vulneración de las obligaciones establecidas en la ley, el incumplimiento de los límites o requisitos para percibir donaciones, la realización de actividades mercantiles, la falta de adecuación de los libros de tesorería o la falta al deber de colaboración.

El Gobierno incluye su intención de establecer plazos de prescripción de estas infracciones, y también sanciones pecuniarias para cada tipo, y la posibilidad de que esas sanciones puedan ser recaudadas en periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria.

En otro de los documentos, sobre el Plan de Regeneración Democrática, el Gobierno desgrana algunas de las medidas ya tomadas, se remite a los otros tres documentos con las nuevas propuestas, y aboga por el diálogo para poder aplicarlas "con la máxima energía".