La propuesta figura en el apartado de “Medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción”, en el que también se contempla incorporar al Código Penal como delitos, la financiación ilegal de los partidos políticos y la falsedad e la cuentas de las formaciones políticas.

Este es uno de los cuatro documentos en los que se abordan muchas de las medidas que se analizaron al tramitar el Proyecto de Ley de Transparencia.

Los documentos agrupan las medidas en cuatro bloques: Ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, Ley reguladoraa del ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, Plan de Regeneración Democrática, y Medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.

La intención del Gobierno expresada a los partidos en esa reunión, a la que no asistieron ni el PSOE ni UPyD, es que esas medidas se tramiten como proyectos de ley en el próximo periodo de sesiones.

El Ejecutivo explicita que con las medidas que propone en este apartado pretende revisar el tratamiento penal de delitos realcionados con la corrupción ya existentes en la legislación, tales como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc, e incorporar otros nuevos como los mencionados.

Además, intenta agilizar los procedimientos con una refora del la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que “los tiempos de respuesta ante el delito no sean ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia”.

El Gobierno popone reforzar las penas para los delitos relacionados con la corrupción ya existentes en el Código Penal y sugiere reformas para prohibir a los condenados por prevaricación , fasedad en las cuentas de los partidos o financiación ilegal que contraten con las admistraciones públicas.

También contempla una inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias y fraude de manera que se prohiba a los condenados recibir subvenciones o ayudas públicas, así como beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

Para agiliazar los procedimientos judiciales se establece que el juez podrá decidir la no acumulación de procedimientos o remitir la resolución de la cuestión civil fuera del proceso penal.

El Gobierno también contempla la regulación de los recursos para evitar que se conviertan en instrumentos dilatorios del procedimiento y el refuerzo de las garantías para “evitar que los condenados se lucren con los efectos del delito”.