En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Núñez contestó así a la iniciativa de Lissavetsky de pedir formalmente el pliego de condiciones y el contrato, ante notario, supuestamente para aclarar si las empresas de limpieza no avisaron de que iban a despedir a empleados, cumpliendo así el compromiso del Ayuntamiento de mantener el empleo, o bien lo dijeron y es el Consistorio el que sabía lo que iba a ocurrir.

El portavoz municipal aseguró que el 7 de noviembre el PSOE recibió los documentos, pero que la Ley de Contratos impide enviarlos en formato digital. Ahora bien, repuso, los portavoces municipales pueden revisarlos en el propio Consistorio. “Quizá lo que no le hayan llegado son las ganas de venir a verlo”, bromeó.

En la misma rueda de prensa, la alcaldesa, Ana Botella, afirmó que los efectos de la huelga ya se dan por terminados en Madrid, aunque la Inspección municipal está revisando si las empresas concesionarias cumplen ya los requisitos de calidad, como están obligadas a hacer a las 72 horas de desconvocado un paro de más de seis días.

La alcaldesa afirmó que aún no se sabe cuánto han costado los servicios de la empresa pública Tragsa, pero insistió en que los pagarán las empresas concesionarias, junto a las 8.000 horas extraordinarias que ha tenido que hacer la Policía Municipal y los destrozos provocados por el vandalismo de la huelga. Se les pasará la factura cuando se evalúen totalmente los daños, aclaró, y no se hará lo propio con los sindicatos.

En todo caso, subrayó, la huelga “no costará un euro a los madrileños”, mientras que no quiso hacer comentarios acerca de una hipotética huelga del sector del alumbrado, por cuanto que ni siquiera se conoce qué empresas se van a presentar al concurso para la externalización del servicio, ni en qué condiciones se contratará.