En rueda de prensa, Canales explicó que desde la dirección se les ha trasladado que “el límite de despidos no se puede rebajar más allá de los 400 trabajadores en Tragsa y 399 de su filial Tragsatec".

Por su parte, el secretario general de Fecoma-CCOO, Vicente Sánchez, señaló como motivo de la dilatación del periodo de consultas hasta los días 21 y 22 de noviembre “a que no confluyera el final del ERE de Tragsa y Tragsatec con el conflicto de basuras de Madrid”.

Sánchez aseguró que el motivo de este “bloqueo” es que la Comisión Interministerial ha fijado como “fórmula” un determinado número de trabajadores "de a pié" así como “unas indemnizaciones cortas”.

En este sentido, denunciaron que solo en la sede central de Tragsa en Madrid, “hay 200 personas que cobran de media 220.000 euros”, una cifra casi tres veces superior al salario que percibe el presidente del Gobierno.

Así, el secretario general de Comfia-CCOO, José María Martínez, apuntó que “si ninguna de éstas personas cobrara más que el presidente del Gobierno, habría un ahorro de 18 millones de euros”, unas personas a las que Canales, por su parte, calificó de “cementerio político”.

Por último, Canales lamentó que la negociación sobre el ERE de Tragsa está sufriendo un "agravio comparativo" respecto al trato que tuvieron los trabajadores de limpieza de Madrid. "La diferencia es importantísima”, incidió.

Tragsa es una empresa participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Fue además la que, por orden del Ayuntamiento de Madrid, se encargó de los servicios mínimos de limpieza cuando la alcaldesa de la capital, Ana Botella, denunció un incumplimiento de estos servicios por parte de los trabajadores de las empresas concesionarias.