Gallardón se refirió a este asunto en refirió a inauguración en Madrid de la Convención Medicrime, que es un instrumento creado por el Consejo de Europa para luchar contra la falsificación de productos médicos. A este acto de apertura asistieron también la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, y dos directores generales del Consejo de Europa, Susanne Keitel y Jan Kleijssen.

Durante su intervención, Gallardón aseguró que España “es un país pionero” en la lucha contra la falsificación de medicamentos. Asimismo, se comprometió a incorporar al Código Penal los delitos recogidos en el artículo 12 de la Convención Medicrime que penalizan la falsificación de productos farmacéuticos.

Esta Convención fue creada por el Consejo de Europa en diciembre de 2010 como marco legal para la cooperación nacional e internacional entre las autoridades sanitarias, la policía y los responsables de aduanas en la lucha contra la imitación de mercancías médicas.

RIESGO DE ENGAÑO

A este respecto, Gallardón manifestó su “confianza en la herramienta jurídica” para luchar contra un problema de “enormes dimensiones” que produce “unas ganancias difíciles de combatir” debido a la “opacidad de las redes criminales”.

El titular de Justicia aseguró que en España se ha incrementado un 87% las muestras que los laboratorios analizan en busca de un posible fraude e indicó que este negocio es “25 veces más rentable que el tráfico de drogas” con “menor riesgo y menor reproche social”. En cuanto a la venta por internet de fármacos, Gallardón advirtió que, según las investigaciones, hay “un 90 por ciento de posibilidades de ser engañado”.

Ana Mato, por su parte, incidió en la necesidad de “avanzar en la lucha contra la falsificación de medicamentos”, una actividad “lucrativa y de bajo coste” y “una amenaza real contra la salud”. La ministra confirmó, además, que en España “no se ha detectado ningún caso de entrada de fármacos ilegales dentro del marco legal”.

La reunión de Madrid reúne durante dos días autoridades y expertos en la materia de dieciocho países que analizarán medidas de prevención y protección de la salud de los pacientes ante los riesgos de actividades que Medicrime tipifica como delito, entre los que se encuentran el suministro y tráfico de productos médicos falsificados, falsificación de prospectos y rectas o la fabricación o suministro sin autorización de productos médicos.