El PP presentó una enmienda transaccional al proyecto de ley que establece el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones en la que incrementa el límite máximo de subida de la pensión, con el objetivo de acelerar la recuperación del poder adquisitivo.

Esta medida fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios, aunque la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, confirmó en un acto en Huelva que esta modificación se introducirá en el Senado.

Lo mismo ocurrió con el resto de enmiendas transaccionales presentadas por el grupo parlamentario popular, en las que el Gobierno también se comprometía a estudiar la posibilidad de que las pensiones de viudedad se financiasen de forma progresiva desde el Estado; a elaborar un informe cada cinco años sobre el impacto de la ley; a presentar en el plazo de un año un nuevo modelo de cotización para los autónomos que sea “más acorde a los rendimientos obtenidos”; y a analizar la tributación de las pensiones dentro de la próxima reforma fiscal.

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado, con competencia legislativa plena, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso por 23 votos a favor y 20 en contra, con el rechazo del conjunto de la oposición. A continuación el texto pasará al Senado.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

En concreto, la diputada del PSOE Magdalena Valerio criticó la “total soledad” con la que el Gobierno ha aprobado este proyecto en el Congreso. En su opinión, la reforma planteada por el Ejecutivo “no respeta el Pacto de Toledo” y “vulnera la Constitución”.

Además, criticó que el Ejecutivo introduzca nuevos cambios en el sistema de pensiones sin “dar respiro” a la reforma aprobada por el anterior Gobierno en 2011, “que acaba de entrar en vigor”. Por esta razón, demandó que “dejen a esta ley que despliegue todos sus efectos” antes de introducir nuevas modificaciones.

Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, denunció que la tramitación de esta norma es “inédita en 20 años”, ya que se aprueba en Comisión sin un acuerdo con los interlocutores sociales y el rechazo del conjunto de la oposición.

Por esta razón, demandó que “sea retirada y sustituida por una propuesta con acuerdo que logre mayorías muy amplias”. También criticó que el factor de sostenibilidad no tenga en cuenta las distintas esperanzas de vida en función de si la personas tiene discapacidad o del sector en el que trabaja.

En una línea similar se manifestó el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, quien rechazó que las personas con discapacidad se vean afectadas por el mismo factor de sostenibilidad que el resto de jubilados y defendió la enmienda que ha presentado su formación, en la quea bogaba por incluir elementos para integrar las diferencias existentes en la esperanza de vida.

Asimismo, Joan Coscubiela de La Izquierda Plural afirmó que el Gobierno y el PP “se sienten felizmente aislados con sus votos, logrados engañando a mucha gente, especialmente a los pensionistas”.

Por parte de PNV, Emilio Olabarría también criticó que “no es razonable” que esta reforma no haya sido aprobada en el Pleno de la Cámara Baja, y agregó que supondrá una “pérdida del poder adquisitivo del 10% en los actuales pensionistas”.