Nuria García, miembro del departamento jurídico de la APDHE , declaró a Servimedia que las concertinas son “una vulneración absoluta de los derechos humanos”. “Al Gobierno le ha debido parecer poco una valla, y ahora pone más trabas con una medida dura, pero que no creemos que vaya a disuadir de entrar en España a personas que están en una situación desesperada”, afirmó esta activista.

Pro Derechos Humanos espera que el fiscal coincida con otros altos cargos como la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha dicho que los alambres de cuchillas son una “barbaridad”, y contribuya a paralizar “una medida que no sólo no avanza en la protección de derechos humanos, sino que es un paso atrás”.