Según explicó Llamazares, este anteproyecto que el Gobierno podría estudiar el próximo viernes “parece ser el residuo de un Código Penal que aumenta la penalización del delito para el ejercicio de derechos fundamentales” .

A su entender, el del PP es un Código Penal “autoritario” que propicia que el ejercicio del derecho de huelga, manifestación y de expresión acaben “con delitos” o que “se conviertan en sanciones administrativas”.

Es, por tanto, “una ley complementaria a un Código Penal autoritario que intenta criminalizar la protesta y limitar los derechos fundamentales”.

Ambas normas son para La Izquierda Plural “claramente inconstitucionales y acabarán, si el Constitucional no está al nivel, en el Tribunal de Derechos Humanos porque hablamos de derechos fundamentales”.

Además, expresó su convicción de que el Gobierno elaborará una ley de huelga para “limitar” ese derecho “cuando hay conflicto social en la calle”.

Llamazares hizo un llamamiento al Gobierno para que “vuelva a la sensibilidad democrática y que no oriente el Estado social hacia un Estado penal” y advirtió que “nuestros tribunales son garantistas de derechos fundamentales y lo van a seguir siendo por mucho que quiera el Gobierno”.

La Constitución “es la que es”, continuó, y “si alguien quiere por la vía de los hechos cambiarla y convertir derechos fundamentarles en derechos subordinados, que tenga el atrevimiento de hacerlo, pero mediante una ley o un Código Penal, eso no se puede hacer. No se le puede doblar el brazo a los tribunales de justicia”.

Llamazares interpreta que como el Gobierno de Mariano Rajoy “ha perdido los escrache, ha perdido los desahucios, ha perdido las movilizaciones, primero en la calle y después en los tribunales, ahora quiere hacer una legislación de excepción y eso es inaceptable”.