La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006, consagra la visión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, "por lo que esta realidad no puede permanecer ajena a la actividad de las instituciones que luchan genéricamente por el respeto a los derechos humanos de todas las personas", según declaró el Cermi.

Además, añadió que "todas las instituciones de derechos humanos han de hacer suyo el factor de la discapacidad e incluirlo sistemáticamente y con carácter horizontal en los exámenes, informes y propuestas que realicen de promoción y seguimiento de los derechos humanos".

Para finalizar, el Cermi remarcó que la visión de la discapacidad ha de permear la labor de los organismos de protección de los derechos humanos, porque el discurso y la acción de estas organizaciones quedan deslegitimados si no asumen la garantía de los derechos de las personas con discapacidad como cosa propia y como parte de su agenda.