Así lo aseguró el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde respondió a una pregunta del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán sobre esta posibilidad.

"No hemos abierto ninguna posibilidad que no sea la aplicación de la ley y no hay ningún debate que pueda ser desarrollado sin tocar la Constitución", sentenció Montoro sobre la vía de un referéndum independentista en Cataluña.

Montoro rechazó frontalmente esa convocatoria al considerar que es "incompatible con la intersección de otro tipo de objetivos" y advirtió de que su agenda reformista "no pasa en modo alguno por auspiciar una consulta soberanista".

El ministro sentenció que "la agenda del Gobierno no pasa en modo alguno por auspiciar una consulta soberanista, ni en Cataluña ni en ninguna parte" y advirtió de que el propósito de la Generalitat es "incompatible con la intersección de otro tipo de objetivos".

Recalcó que esta posición ha sido fijada con claridad en los últimos meses por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Por ello, recomendó centrarse en las "cosas prácticas, que son las que importan a los catalanes, las que unen y reúnen en un mismo objetivo la convivencia de todos los españoles".

Por su parte, Martínez Gorriarán insistió en la posibilidad de que el Gobierno de España pueda pactar con la Generalitat de Cataluña una consulta soberanista y advirtió del riesgo de que con ella se "excluya" a muchos ciudadanos.

El diputado de UPyD criticó que por un lado se dejaría fuera al resto de los españoles, que en su opinión tiene derecho a opinar sobre la unidad de España, y además convertiría en "extranjeros" a los catalanes que estén disconformes con la decisión de la consulta.

Martínez Gorriarán trasladó a Montoro que el desafío independentista de la Generalitat "no es una cuestión administrativa" sino un tema "mucho más serio que lo que ustedes consideran importante", en alusión a la salida de la crisis económica.

Asimismo, reprochó al Gobierno que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial haya pactado el reparto de los puestos en este órgano "con los que están impulsando procesos de secesión", ya que la diputada de CiU Mercé Pigem será una de las nuevas vocales.

Martínez Gorriarán criticó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "sacrifica todos para llegar a pactos que estabilicen la cuestión política" aunque eso no resuelva los problemas de fondo del país.