Con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Universal del Niño, Save the Children subraya que el año pasado se registraron en España un total de 42 denuncias por homicidio de niños, 892 por lesiones, 3.466 por malos tratos en el ámbito familiar y 3.191 por violencia sexual, según datos del Ministerio del Interior.

Además, 21 víctimas de trata de menores fueron identificadas en España durante 2012, si bien Save the Children apunta que “el sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos ni para abordar las necesidades” de quienes sufren estos abusos.

“Durante 2012 se abrieron más de 41.230 expedientes de protección de menores de edad. Sin embargo, esta cifra no refleja todos los casos ni formas de violencia contra la infancia en España, una realidad oculta y poco documentada. No hay mecanismos eficaces de recogida de datos que permitan apreciar la magnitud del problema, al margen de las denuncias, y los mecanismos de denuncia no son accesibles a los niños”, añade.

La responsable de Incidencia Política de Save the Children, Áurea Ferreres, señaló que “cualquier forma de violencia” que sufra un niño o niña “produce sufrimiento y daños graves difíciles de revertir tanto en su desarrollo afectivo, cognitivo y social como en su autoestima. Además, la violencia provoca más violencia, porque lleva a la víctima a creer que es una forma legítima de interacción con los demás”.

Save the Children destaca que la violencia contra la infancia se ha incluido en la agenda política en los dos últimos años y “se están haciendo esfuerzos para visibilizarla”.

Uno de los mayores avances ha sido el acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para crear una subcomisión para el estudio de la violencia ejercida contra los niños y las niñas, de la que saldrá un informe para orientar las políticas del Gobierno relativas a la violencia contra la infancia.

A mediados del pasado mes de abril se aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que obliga a todos los proyectos de ley y reglamentos a incorporar un informe de impacto en la infancia.