Fuentes de Interior aseguraron a Servimedia que el Ministerio sí ha contado con los sindicatos policiales para la elaboración del anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros convertirá previsiblemente en proyecto este viernes. En este sentido, afirmaron que cuentan con documentos que acreditan que el SUP trasladó algunas propuestas para incorporarlas al texto que modificará la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992.

Según estas fuentes, el texto del SUP, fechado el pasado mes de septiembre, propondría, entre otras cosas, que en casos de falta de respeto a los agentes de policía por parte de manifestantes "se pudiera sancionar administrativamente con una multa, que suele ser más eficaz que un procedimiento penal".

Esta es, precisamente, una de las novedades que incluye el anteproyecto del Gobierno que criticó esta manaña el portavoz del SUP, José María Benito, al señalar que convertir en "mera infracción administrativa" susceptible de ser purgada con una multa lo que antes era un delito castigable penalmente, puede rebajar la protección del agente.

Según lo que ha trascendido del anteproyecto, las multas por insultar, amenazar o vejar a un policía podrían ir de 1.001 euros a 30.000. A juicio del portavoz policial, esto supone un retroceso en la protección de los agentes respecto a la normativa actual.

Otras de las propuestas del SUP a las que aluden las mismas fuentes ministeriales que coinciden con algunos de los aspectos del texto del Gobierno serían que se ampliara el listado de comportamientos de manifestantes tipificados como infracciones, incluyendo la captación y difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones (el anteproyecto lo castiga como infracción "muy grave" con entre 30.001 y 600.000 euros de multa), el uso indebido de prendas u objetos que cubran el rostro durante alteraciones del orden público y el abandono de útiles para consumo de drogas en la vía pública.

Benito declaró a Servimedia que algunos de estos comportamientos ya aparecen incluidos y susceptibles de castigo en la Ley de Regulación del Derecho de Reunión y Manifestación y el propio Código Penal.