La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al instructor de la causa, el juez Ismael Moreno, que emita las órdenes internacionales de busca y captura. Además de contra Jiang Zemin, se dictarán órdenes contra Li Peng, primer ministro chino entre finales de los 80 y principios de los 90; Qiai Shi, quien fuera jefe de seguridad del país; Chen Kuiyan, secretario del partido comunista en Tíbet en la época de los hechos; y Peng Pelyun, ministro de planificación familiar en los años 80.

La Audiencia Nacional podría decretar asimismo en un futuro la puesta en busca y captura del expresidente Hu Jintao, quien también se encuentra imputado por el genocidio en el Tíbet.

PRUEBAS EN SU CONTRA

Los magistrados de la Sección Cuarta, presididos por Ángel Murillo, han tomado esta decisión al estimar el recurso interpuesto por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), que ejerce la acusación en la causa.

El tribunal, tras examinar las diligencias practicadas por el instructor Moreno, ha concluido que existen “indicios de la participación en los hechos objeto de la querella en las personas mencionadas, habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos”.

Todo ello lleva a los magistrado a “estimar necesario el libramiento de las órdenes internacionales de detención frente a los querellados”. La Fiscalía se había opuesto a esta medida al considerar que las diligencias practicadas hasta el momento desde que la querella fue admitida a trámite en 2006 “no permiten deducir la existencia de indicios de la participación en los hechos objeto de la querella de los indicados querellados”.

IMPUTACIÓN DE HU JINTAO

La propia Sección Cuarta ordenó el pasado mes de octubre la imputación de Hu Jintao, presidente de China desde 2003 hasta el pasado mes de marzo, al que acusa de haber llevado a cabo “campañas masivas de esterilizaciones” y “torturas de disidentes”. “Las autoridades chinas decidieron llevar a cabo una serie de acciones conjuntadas para eliminar la propia idiosincrasia y existencia del país tibetano imponiendo la ley marcial”, señalaba la Sección Cuarta de lo Penal la Audiencia Nacional en aquella ocasión.

El tribunal también subrayó que las autoridades comunistas organizaron

“desplazamientos forzosos” y “traslados obligatorios de contingentes chinos” con el objetivo de “dominar y eliminar paulatinamente a la población autóctona del país tibetano”.

La Audiencia Nacional atribuye a Hu Jintao un delito de genocidio y destaca que, además de expresidente de China, fue Secretario General del Comité del Partido Comunista de China en el Tíbet entre 1988 y 1992, cuando tuvieron lugar los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional.

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal también reiteraron la competencia de la Audiencia Nacional en la causa ya que, a pesar de la limitación de la jurisdicción universal, el caso sí puede ser investigado en España debido a que una de las víctimas y querellantes, Thubten Wangchen, tiene la nacionalidad española.