Torres-Dulce se refirió a este asunto en el Congreso, donde esta mañana comparece en la Comisión de Justicia para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012.

En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, el fiscal general aludió a que la incoación de causas por delitos de corrupción se ha incrementado en un 17% en los últimos tres años. En este período ha habido una “clara preponderancia” del delito de prevaricación administrativa, que supone un 23% del total de los delitos de corrupción en 2012.

Además, el responsable de los fiscales aludió a que el año pasado las sentencias por delitos de corrupción se incrementaron un 151% en los últimos tres años, de las cuales el 44% son por prevaricación administrativa y un 39% tuvieron que ver con la malversación.

A pesar de estos resultados, Torres-Dulce dijo que “la lucha, sin embargo, no ha concluido”, al tiempo que remarcó que “los medios con los que cuenta la Fiscalía no son suficientes para abordar este fenómeno criminal que pone de relieve la precariedad en la que se mueve la Justicia española”.

Añadió que esta situación también “constituye el síntoma de un excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial, así como de una contraproducente justificación de conflictos políticos”.

Asimismo, el fiscal general señaló que “es imprescindible asegurar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados”. Paralelamente, abogó por establecer “filtros que permitan la detección precoz de una posible actuación corrupta para abortarla en sus inicios”. Apuntó que esto podría conseguirse con “un sistema claro de incompatibilidades que refuerce la garantía de transparencia en el desenvolvimiento de los cargos públicos”.