A este asunto se refirió hoy en el Congreso el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que comparece esta mañana en la Comisión de Justicia para explicar la memoria de su institución correspondiente a 2012.

A este respecto, al referirse al fin de la ‘doctrina Parot’ tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, Torres-dulce explicó que sus subordinados tienen instrucciones de informar “directamente” a las Fuerzas de Seguridad en los casos de excarcelaciones “con grave riesgo”, debido a la “posible reincidencia” de los reos a los que se va a poner en libertad.

Aseguró que el Ministerio Público, al informar a los cuerpos policiales, quiere que se adopten las “medidas procedentes” para permitir la “prevención del delito” y que esto se haga “estrictamente dentro de la legalidad”.

“PROTEGER A LAS PERSONAS”

El fiscal general añadió que su institución tiene asignado entre sus cometidos el “velar por la protección procesal de las víctimas”, algo para lo cual la Fiscalía está facultada para dar órdenes a la policía judicial.

Al mismo tiempo, Torres-Dulce se refirió a que la ley impone a la Policía “la función de proteger a las personas” y evitar la “comisión de actos delictivos”. En este sentido, el responsable de los fiscales destacó que esta colaboración de sus subordinados con las fuerzas policiales está funcionando de “forma ejemplar” en Cataluña para hacer frente a los delincuentes reincidentes.

Por otra parte, el fiscal general defendió la posición de su institución respecto a que la ‘doctrina Parot’ puede ser aplicada a partir de que la fecha en la que fue establecida por el Tribunal Supremo, es decir, el 28 de febrero de 2006. Aseguró que este criterio situará en un número “casi ínfimo” el de presos afectados por la decisión del Tribunal de Estrasburgo.

El responsable de los fiscales defendió la postura que el Ministerio Público está manteniendo sobre la ‘doctrina Parot’, puesto que otra posición sería “jurisprudencialmente imposible, inútil y contraproducente”. No obstante, dijo coincidir con el Tribunal Supremo en que, a la hora de aplicar las sentencias de Estrasburgo, en España hay “una importante laguna con notorias disfunciones”.