Los acuerdos suspendidos afectan a la Diputación de Barcelona y a los ayuntamientos de Calonge, Premiá de Mar, Salt, Sant Adriá de Bessós, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Ribes, Torelló y Tortosa.

La suspensión se aplicará hasta que se resuelva el fondo del recurso presentado contra estas iniciativas por la Delegación del Gobierno.

Las mismas fuentes indicaron que la Delegación presentó recurso de oficio contra la decisión de rebajar la jornada, al entender que se vulneró l artículo 95 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece para los empleados de las corporaciones locales la misma jornada laboral que la de los empleados del Estado (fijada actualmente en 37,5 horas semanales).

Estos informantes explicaron que el recurso no supone una injerencia en la autonomía local, sino un intento de evitar una prevaricación. Actualmente, se encuentran recurridas por la vía contencioso-administrativa acuerdos similares aplicados en Galicia, Andalucía y la Comunidad Valencina.