Esa proposición insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que, a partir de junio de 2001, la jornada de trabajo de los empleados de la Administración General del Estado sujetos a régimen estatutario o a régimen laboral se establezca siguiendo el módulo de cálculo de treinta y cinco horas semanales, "proyectándole a cálculo anual de jornada máxima legal aplicable a estos trabajadores".

En la argumentación, el Grupo Socialista señala que las directrices de la Cubre de Luxemburgo establecieron la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de acudir a fórmulas de reducción de la jornada de trabajo como medidas insertas en una política de reducción del desempleo y de creación de puestos de trabajo.

Asimismo, expone que la Administración General de Estado, como organización productiva de bienes y servicios, puede ser motor de iniciativas para la creación de puestos de trabajo, medidas que como ésta de la reducción de la jornada a 35 horas semanales, osteriormente tengan su reflejo tanto en otras Administraciones Públicas -algunas ya la han adoptado- como en el sector privado.