Tras hacer un balance del buen comportamiento de la economía en 1998, a lo dijo que ha contribuido el esfuerzo empresarial, Cuevas dedicó la mayor parte de su discurso y de la rueda de prensa posterior a la Asamblea General al debate sobre la reducción de jornada, que, a su juicio, tiene "componentes electorales y artificiales".

Cuevas, que rechazó frontalmente la reducción por ley de la jornada laboral, porque destruye empleo a medi y largo plazo, mostró su temor a que la proximidad de las elecciones aumente las interferencias de los gobiernos en materias que son competencia de empresarios y trabajadores, como es la reducción de jornada, que insistió en que es un asunto que debe abordarse en la negociación colectiva.

El máximo representante de los empresarios dijo que los sindicatos han preferido la presión política para conseguir la reducción de jornada, y les acusó de haber dirigido su presión hacia las comunidades autónomas, nte la negativa del Gobierno central a implantar por ley las 35 horas. Aseguró que "en esas condiciones el diálogo social es muy difícil".

Cuevas, que reconoció que "hay un sindicato que tiene más intensidad en su presión política que otro" y que "da más voces que otro", en clara alusión a UGT, mostró la disposición de la CEOE a negociar sin presiones políticas "una reordenación flexible del tiempo de trabajo" en las comisiones de seguimiento de los acuerdos para la estabilidad en el empleo alcanzadosen 1997.

Aclaró que CEOE no negociará y decidirá las horas de trabajo que deben hacerse en cada empresa, porque eso es competencia de cada una de las empresas, pero dijo que sí están dispuestos a discutir y "fijar los criterios generales de cómo se puede abordar eso en los convenios colectivos", con lo que dejó abierta la posibilidad de un acuerdo interconfederal en esta materia.

Cuevas, que comenzó su intervención con un recuerdo al que fuera primer presidente de CEOE, Carlos Ferrer Salat, critió que en 1998 se haya abandonado el modelo de negociación que dió como resultado los acuerdos de 1997, y se haya pasado a negociaciones bilaterales entre el Gobierno y los sindicatos y los empresarios, que, a su juicio, han sido "inútiles e infructuosas". Propuso retomar el diálogo social, pero "tal y como lo hicimos en 1997".

BAJAR COTIZACIONES

Insistió en que reducir la jornada laboral no creará empleo, aunque se quiera compensar con ayudas a los empresarios, como han hecho algunas comunidades autnomas, y pidió a los empresarios que rechacen "toda nueva subvención". También defendió la eliminación "progresiva" de los incentivos existentes, porque, según dijo, los empresarios prefieren la reducción generalizada de las cotizaciones empresariales, priorizando el empleo estable.

El presidente de CEOE, que dijo que el éxito del nuevo contrato fijo nacido de la reforma laboral del 97 no obedece a las subvenciones que da el Estado por este tipo de contratos, indicó que las subvenciones en muy pocas oasiones se justifican económicamente y, en cambio, "casi siempre ponen a los empresarios a merced del poder político que las concede".

El rechazo a las políticas de subvenciones y subsidios es una de las medidas que se recoge en el decálogo de medidas aprobado hoy por la Asamblea General de CEOE, en el que la patronal hace un llamamiento a los poderes públicos, partidos políticos, interlocutores sociales y organizaciones empresariales y empresarios para que defiendan diez principios.

Además del rchazo a las subvenciones, defienden la unidad de mercado y de la cohesión territorial, la coordinación de los poderes públicos en sus actuaciones para no fragmentar el mercado, persistir en la aplicación de las políticas económicas, fiscales, financieras y laborales que se han mostrado eficaces y la promoción de la capacidad de competir de las empresas españolas.

En su decálogo, CEOE insiste también en la necesidad de cultivar el espíritu de empresa, profundizar en la necesaria modernización del marcolaboral y social, respetar la autonomía de los interlocutores sociales en el protagonismo de la negociación colectiva, redoblar el esfuerzo inversor en formación e I+D y reforzar la política de cohesión económica y social en la Unión Económica y Monetaria.