Este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, detectó entre enero y agosto de este año un total de 2.724 casos de empresarios que habían contratado inmigrantes de modo fraudulento, por lo que les impuso multas por valor de 1.541 millones de pesetas.

Los servicios inspectores realizaron en los primeros ocho meses del año un total de 7.403 controles sobre l contratación de inmigrantes y detectaron fraude en 2.724 investigaciones, lo que supone el 36,7 % de los casos; es decir, uno de cada 3 empresarios españoles cuenta con mano de obra inmigrante de forma fraudulenta.

Esto supone un incremento del fraude en este tipo de contrataciones respecto a los datos del último año, cuando la Inspección actuó en 12.925 casos y detectó 2.915 situaciones de irregularidad, lo que supone un 22% de los investigados.

En cuanto al reparto de los empresarios infractors por provincias, la mayoría se concentró en Madrid (416 casos de fraude) y Murcia (422), seguidas de Alicante (172), Málaga (171), Barcelona (143) y Las Palmas (106). Sólo en cuatro provincias no se detectó ningún caso de irregularidad en la contratación de inmigrantes: Alava, Cáceres, Córdoba y Huelva.