La proposición, a la que tuvo acceso Servimedia, ha sido presentada para su debate en el Pleno y también en comisión parlamentaria. Así, propone “crear un sitio web oficial que canalice todas las lLP, estandarizando el proceso de registro de las iniciativas y permitiendo recabar el apoyo de los ciudadanos a través de procedimientos seguros de firma electrónica”.

Esta no es la única medida que propone UPyD para facilitar las ILP. La iniciativa insta al Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de modificación de la norma que regula las ILP, “para ampliar el plazo de recogida de firmas de 6 meses a los estándares de la Unión Europea de 12 meses”.

En la exposición de motivos, alega que, “sin lugar a dudas, la barrera más difícil de superar” a la hora de presentar una ILP “es la recogida de las 500.000 firmas acreditadas, lo que representa alrededor del 1,25% del censo electoral” y que es “uno de los porcentajes más altos” de la Unión Europea para presentar este tipo de iniciativas.

Asimismo, pide “la inclusión de un nuevo artículo para otorgar a la Comisión Promotora un espacio de tiempo mediante el cual pueda defender y argumentar la ILP propuesta ante el Pleno del Congreso de los Diputados”.

Además, propone que, “una vez acreditado el número de firmas exigido, la proposición deba ser incluida en el orden del día del Pleno en el plazo máximo de tres meses para su toma en consideración”.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN

En la exposición de motivos, UPyD señala que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que “corresponde a los poderes públicos [...] facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. También recuerda que, según artículo 23.1 de la Carta Magna, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, “directamente” o por medio de representantes, libremente elegidos en las urnas.

Sin embargo, a pesar de que la participación ciudadana viene recogida en la Constitución, dice UPyD, “la regulación que la ampara crea una serie de barreras que dificultan el cumplimiento de este derecho”.

Una de ellas es superar la recogida de las 500.000 firmas acreditadas. A eso hay que añadir que, “una vez superados los requisitos previos, al llegar a las Cámaras tampoco logran captar la atención de los legisladores sobre la necesidad de las mismas”.