En concreto, el texto contó con el apoyo de PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y parte de CiU (dos votos), con el rechazo del PP, UPN, UPyD, Coalición Canaria y otra parte de CiU (7 votos), y con la abstención también de un miembro de CiU.

En el debate previo a la votación, que estuvo precedido por protestas de grupos antiabortistas como Derecho a Vivir, delante de la Cámara, Santiago Cervera, del PP, afirmó que la tramitación de "este controvertido proyecto de ley" demuestra la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas, ya que legisla en contra de la opinión de la mayoría de la sociedad. "Ësta es una ley de unos contra otros y del voto útil, pero no del consenso", aseguró.

Cervera consideró que la norma no reconoce la objeción de conciencia, al delimitar sólo este derecho a los profesionales que intervienen directamente en la práctica del aborto, como no recoge tampoco adecuadamente el papel de los padres de las chicas de 16 y 17 años, por lo que, concluyó,

el panorama resultante del debate es el de "la imposición" de una ley que "banaliza" la vida del no nacido y que divide y crispa a la sociedad.

Como el PP, Rosa Díez, de UPyD, manifestó su posición en contra de la futura ley del aborto porque, a su juicio, "es "una mala norma", al ser "una ley de plazos de facto hasta las 22 semanas", lo que genera una gran inseguridad jurídica y no resuelve, sino que empeora, la legislación actual. Además, concluyó Díez, "proclama el derecho a abortar y el aborto siempre es un drama, nunca puede ser un derecho".

De la misma opinión que PP y UPyD es Carlos Salvador, de UPN (Grupo Mixto), que en su intervención en el debate calificó de "inhumano" al texto del aborto y reprochó al PSOE que dé libertad de voto en Cataluña para manifestarse a favor o en contra de las corridas de toros y no haga lo propio con la ley sobre la interrupción del embarazo.

Por su parte, CiU, un grupo en el que los diputados tienen diferentes opiniones sobre la norma, consideró a través de Concepción Tarruella que la ley que ahora se tramita es "incostitucional", mientras que Mercé Pigem manifestó su convencimiento de que la legislación vigente mejorará si el texto que se está tramitando sale adelante.

A FAVOR

Totalmente a favor de la futura ley se mostró el PSOE, quien en boca de Carmen Montón dijo sentirse "orgulloso de vivir en este tiempo y en este país", porque sus mujeres podrán depender únicamente de sí mismas para interrumpir su embarazo si así lo creen oportuno tras la aprobación de esta ley. Y, además, apuntó, lo harán con más información y seguridad que con la legislación actual.

La diputada socialista, que acusó al PP de amenazar con la inconstitucionalidad de la ley, incluso antes de concebirse.

Reiteró que no se puede obligar a una mujer a ser madre y que, por ello, la última palabra sobre su aborto la tendrán siempre las mujeres.

Por su parte, Joseba Agirretxea, del PNV, reconoció que el texto es "controvertido", pero confió en que tras su aprobación mejore la situación jurídica de las mujeres que abortan y de los profesionales sanitarios que les ayudan a hacerlo. Y es que, a su entender, el proyecto ha mejorado en el trámite parlamentario, aunque sigue sin ser el mejor posible.

En la misma línea que el PNV se mostraron Joan Tardá y Gaspar Llamazares, de ERC-IU-ICV, que señalaron que la norma ha mejorado sustancialmente en su paso por el Congreso y que, por ello, supondrá un avance con respecto a la legislación actual. Y es que, afirmó Llamazares (IU), "hoy no hay ley", sino despenalización parcial del aborto e inseguridad jurídica para mujeres y profesionales sanitarios.

No obstante, Llamazares cree, como Joan Tardá (ERC), que el texto puede aún mejorar más incluyendo, por ejemplo, la despenalización total del aborto y la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo hasta las 22 semanas en lugar de hasta las 14 que propone la que ahora se tramita.

El proyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo prevé también que los colegios impartan educación sexual y que los alumnos de medicina y enfermería estudien en sus carreras cómo se practica un aborto.

Del mismo modo, el texto, tal y como está redactado ahora, reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios implicados directamente en la interrupción de un embarazo y prevé financiar en parte o en su totalidad los anticonceptivos de última generación.