En nota de prensa, CGT, uno de los sindicatos convocantes de la huelga, interpretó que Botella "pretende desviar la atención de la ciudadanía sobre su exclusiva responsabilidad en este grave conflicto" y "utilizar a trabajadores de Tragsa para boicotear y reventar la huelga", una práctica "totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico", que "impide explícitamente la sustitución de trabajadores en huelga".

CGT recordó que el comité Intercentros de Tragsa ya ha declarado "no estar dispuesto a participar en las artimañas de la alcaldesa" y que, para que la empresa pública intervenga, "es requisito necesario una declaración de emergencia sanitaria, que en este caso no se produce".

CGT achacó la situación a que el Ayuntamiento "incentivó" a las empresas aspirantes a hacerse cargo de los servicios de limpieza "para que presentaran reducciones adicionales de precio, que llegaron hasta el 33%, para asegurarse la adjudicación. Se licitó por 1.943 millones, 373 millones menos que el precio previsto inicialmente".

El sindicato rechazó los ERE anunciados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias y defendió la anulación de todos los contratos y la remunicipalización de todos los servicios públicos.

Al tiempo, agradeció a los madrileños "la comprensión que están teniendo con la huelga, así como a los diferentes colectivos sociales, asociaciones de vecinos, plataformas, trabajadores municipales, etc, que en todo momento han prestado su apoyo y solidaridad haciendo suya esta huelga".