Después de presentar el escrito en el Tribunal Constitucional, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, acompañada de diputados y senadores valencianos del PSOE, afirmó que el decreto que ordena el cierre del Canal Nou es “ilegal” y apuntó que el Gobierno de Alberto Fabra ha incumplido el artículo 86.1 de la Constitución que establece las condiciones para dictar un decreto ley, al no ser esta decisión “extraordinaria y de urgente necesidad”.

Rodríguez también denunció que “no se ha procedido al nombramiento de vacantes y director conforme a la ley actual, es decidir pasando por las Cortes Valencianas” y tampoco “se ha suspendido la emisión”.

La dirigente socialista además apuntó que este decreto no se ajusta al artículo 20 de la Constitución que advierte del “necesario control parlamentario de los medio de comunicación públicos”. “Este decreto intenta evitar este control por medio de una decisión única y dictatorial” añadió Rodríguez.

Para el PSOE, el Gobierno valenciano “convirtió la televisión autonómica en un órgano de propaganda y ahora quieren cerrar como si fuera su chiringuito”. La portavoz socialista acusó a los dirigentes del PP en la comunidad de “llevar a la quiebra la RTVV y de gestionarla como si fuera un instrumento de propaganda”.

Por su parte, el líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, denunció que “es una arbitrariedad usar un decreto ley cuando no se ha producido el cese de las emisiones ni existe una situación de emergencia, todo lo contrario la televisión ha aumento estos días su audiencia”.

“Esta decisión nada tiene que ver con el interés de los valencianos, se produce desde el Partido Popular no tiene nada que ver con la economía sino con la ideología” aseguró el dirigente socialista a los medios.

Para Puig, el gobierno de Fabra hizo “mal las cosas con un ERE donde no se contó con la opinión de los sindicatos y que ha resultado ilegal” y pidió que el cierre no “se recargue sobre los trabajadores y la sociedad valenciana el cierre de la televisión”.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) anuló la semana pasada el ERE de RTVV ordenó a la entidad a readmitir a los 1198 trabajadores despedidos al concluir que “los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano” y que no “había margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 por ciento de la plantilla”.