En una reunión mantenida entre representantes del Cermi y las portavoces de CiU en la Comisión de Justicia, Mercé Piguem; y en la de Discapacidad, Conxita Tarruella, el Grupo Parlamentario Catalán coincidió con el Comité en su “desacuerdo total” con la reforma penal que plantea el Gobierno en este punto, pues “supone una criminalización de determinadas personas con discapacidad, a las que se les supone intrínsecamente peligrosas, vulnerando gravemente sus derechos humanos más básicos”.

Además, el Grupo Parlamentario de CiU se comprometió con el Cermi a presentar enmiendas en el trámite del proyecto de ley “para dejar sin efecto este cambio normativo que retrotrae nuestro Derecho Criminal a épocas en los que imperaban modelos penales de clara inspiración autoritaria, que creíamos superadas”.

Por su parte, el Cermi y sus organizaciones miembro del ámbito de la salud mental y de la discapacidad intelectual vienen reclamando al Gobierno y a los grupos parlamentarios la modificación de la reforma penal en curso para que las medidas de seguridad no supongan una penalización añadida para las personas con discapacidad, cuyos derechos deben verse respetados y protegidos con arreglo a la Convención de la ONU en la materia.