Así se recoge en la enmienda de UPN al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que este miércoles se incorporó al informe sobre dicha norma, después de que el PP la aceptara durante su debate en la comisión del ramo del Senado.

El texto de UPN parte de la premisa de que “no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que esta se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 14 de diciembre de 1960”.

Por ello, su elección “no podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.

De ahí se desprende que “el control a priori” supone un riesgo de “discrecionalidad e indeterminación”, y se establece que “basta con que la inspección educativa supervise” los contenidos que imparte y las medidas para el fomento de la igualdad en dicho centro.

En su redacción actual, la Lomce reconocía la capacidad de los colegios de educación diferenciada para concertar con la administración, pero exigía que justificasen que su modelo de enseñanza no implicaba una discriminación en razón de sexo.