Fuentes jurídicas han informado de que Camps ha solicitado al instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, poder declarar por escrito, una posibilidad a la que tiene derecho ya que los hechos que se investigan tuvieron lugar cuando el era presidente valenciano. Camps, de esta forma, emula a la expresidenta de la Comunidad Madrid, Esperanza Aguirre, quien pidió declarar por escrito en el marco del ‘caso Gürtel’.

La que no podrá acogerse a la declaración por escrito es la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, quien deberá declarar como testigo ante Castro este sábado a las 11.30 horas.

Aún así no tendrá que desplazarse hasta Palma de Mallorca ya que la declaración tendrán lugar en en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Castro realizó estas citaciones el pasado 4 de noviembre a través de una providencia, que no puede ser recurrida. El instructor ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

RECHAZO DE LA IMPUTACIÓN

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) rechazó el pasado mes de septiembre hacerse cargo de la investigación al considerar que no hay indicios suficientes para imputar a Camps y Barberá .

Urdangarin y Torres consiguieron en Valencia más de cuatro millones de euros por las tres ediciones del Valencia Summit, celebradas entre 2004 y 2006 y presentadas como una cumbre internacional de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Además, y también en Valencia, consiguieron 382.204 euros por la creación de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse.

Castro remitió el pasado mes de mayo al Tribunal Superior de Valencia los indicios hallados contra el expresidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia tras concluir que “adjudicaron a dedo” los contratos que firmaron con el duque de Palma y su antiguo socio, Diego Torres para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos.

El juez de Palma de Mallorca consideraba que en la causa había “indicios racionales” de que Camps y Barberá cometieron delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial.