Lo había anunciado en la tribuna del Congreso de los Diputados al defender los Presupuestos de su departamento para el próximo año, y después lo explicó en rueda de prensa.

Lo plasmará en un anteproyecto que elevará próximamente al Consejo de Ministros y que recogerá como infracciones administrativas leves, graves o muy graves las faltas que desaparecen del Código Penal al no ser consideradas como delito.

Hay que incluirlas en esta ley, explicó, porque en caso contrario esas conductas quedarían en una especie de “limbo jurídico” con la consiguiente “inseguridad jurídica” para los ciudadanos.

“El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada” demuestran la necesidad de tipificar esas conductas, argumentó el ministro. Las infracciones tendrán su correspondiente sanción también administrativa, es decir, una multa.

Al hablar de esos “intentos de acoso” a sedes de instituciones, puso como ejemplo al Congreso de los Diputados, el Senado, los tribunales o el Consejo General del Poder Judicial, cuyos integrantes pueden sentir “amenaza” cuando se producen ese tipo de manifestaciones.

El sustento de esa nueva ley, explicó el ministro, es la premisa de que la seguridad es siempre “requisito previo para la libertad”.