El senador del Partido Popular José Antonio Rubio rechazó en nombre de su grupo la moción presentada por CiU, y apeló a que la Administración central “persigue la igualdad” de los ciudadanos en cuanto a las políticas sociales. También se remitió a lo dictado por el Tribunal Constitucional sobre la prevalencia “del interés general” en cuestiones en las que entra en conflicto intereses de competencias.

Rubio recordó que el Ejecutivo establece como prioridades, entre otras, la atención de las necesidades en situación de pobreza así como familias con menores o personas dependientes a su cargo. El senador popular pidió especialmente, en estos momentos de crisis, que se defiendan los principios de solidaridad, justicia social y cohesión. “Hay que huir siempe de las divisiones y los enfrentamientos que son estériles y no contribuyen a solucionar los problemas de la población”, concluyó.

También rechazó la moción el senador del PSOE Juan Andrés Tovar, que recordó que “el primero y más importante es el principio de solidaridad interterritorial” y que el principio de lealtad constitucional “deberá servir a la solidaridad de todos los españoles”, por lo que los fondos recaudados en la casilla correspondiente a otros fines sociales de la declaración de la renta “debe ir a las arcas del Gobierno central”.

En defensa de la moción, la senadora de Convergencia i Unió, Coralí Cunyat, aunque matizó que se han advertido ciertas respuestas por parte del Gobierno a las necesidades de las organizaciones sociales en este 2013, reclamó la gesión de los citados recursos del IRPF por parte de la Generalitat de Cataluña, ya que “los catalanes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad necesitan ser atendidos y ayudados por las entidades sociales que se dedican a ello y necesitan recursos para sobrevivir, como los que provienen del 0,7%”.

“A Cataluña no nos llegan los recursos que nos corresponden y nuestros ciudadanos más vulnerables los necesitan”, sentenció esta senadora que también revindicó “una nueva fórmula” de reparto y que “se atiendan las necesidades” de las organizaciones que trabajan en el ámbito local y no supranacional.