Gallardón se refirió a este asunto en la tribuna del Congreso, donde defendió los presupuestos de su ministerio para el año que viene.

Según se informó a comienzos de octubre, Justicia tendrá en 2014 un presupuesto de 1.500 millones de euros, lo que supone una disminución de 2,7% con respecto al presente año. De esta partida, 43,3 millones de euros eran para modernización tecnológica; 34,1 millones de euros para justicia gratuita; y se contemplaba la convocatoria de 30 nuevas plazas para la carrera judicial y 20 para la carrera fiscal.

A este respecto, el ministro dijo este martes en la tribuna de la Cámara Baja que “el edificio de la Justicia española está hoy bien asentado, porque hunde sus cimientos en el acuerdo constitucional de los españoles”. No obstante, afirmó que “es indudable que resulta urgente una completa reforma de su distribución interna” del sistema judicial, así como “de sus accesos en todos los elementos de los que depende su funcionalidad”.

CARTERA DE SERVICIOS

En este sentido, Gallardón recordó una cita del expresidente Adolfo Suárez durante la Transición, en la que hablaba de que a su Gobierno se le exigía entonces cambiar las “cañerías” o el “tendido eléctrico” del Estado español, pero mientras éste continuaba funcionando.

En este sentido, el ministro de Justicia sostuvo, refiriéndose al actual sistema judicial, que su departamento “mientras cambia las cañerías, el tendido eléctrico” de todo lo que rodea a los tribunales, “sigue dando agua y luz con estos presupuestos para el año 2014”.

Asimismo, aludió, en referencia a la reducción presupuestaria en su departamento para el próximo año, que “una mayor inversión no implica de modo automático un mayor servicio”. “Una reducción presupuestaria no debe significar necesariamente”, afirmó, “un recorte en la cartera pública de prestación al ciudadano, entre otras cosas porque siempre hay un margen para gestionar mejor”.

El planteamiento de Gallardón fue rechazado por los grupos parlamentarios de la oposición, que le acusaron de recortar prestaciones judiciales a los ciudadanos y de promover una privatización encubierta de este servicio público.

“REPARTO DEL EDIFICIO”

En concreto, Toni Cantó, de UPyD, se sirvió de la metáfora del ministro sobre las “cañerías” de la Justicia y afirmó que lo que realmente se está produciendo es el “reparto del edificio” judicial. Este diputado explicó que se refería al hecho de que PP y PSOE estuviesen pactando la renovación del CGPJ, algo que, según este representante de la formación magenta, condicionará la independencia de los futuros vocales y cuestiona los “cimientos” de la Justicia.

Por su parte, Julio Villarrubia, del PSOE, dijo que los presupuestos de Justicia para 2014 incluyen un nuevo recorte y, con medidas como las tasas judiciales, se consolida “una justicia para ricos y otra para pobres”. Añadió que el “único eje” del Gobierno tanto con la Justicia como con otros servicios públicos es el desmantelamiento del Estado de bienestar en favor de servicios privados.

A su vez, Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, acusó a Gallardón de estar promoviendo la sustitución del servicio público judicial “por un modelo de poder y de servicio de mercado”. Asimismo, reprochó al ministro que los datos están demostrando ya que las tasas judiciales eran para recaudar, ya que sólo el 10% de lo ingresado se está destinando a justicia gratuita.