La presentación, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de La Merced de Murcia, ha corrido a cargo de la comisionada de Género del Cermi Estatal, Ana Peláez, quien ofreció la conferencia ‘El ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva de género’.

Este II Plan, elaborado por el Cermi Estatal, a través de su Área de Género, responde a la situación de discriminación y exclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, así como la de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, que sigue siendo en nuestro país un problema de primer orden y que exige la adopción de medidas específicas que incidan sobre las causas reales que le dan origen.

Este Plan sirve para mostrar cómo la confluencia de dos ejes de discriminación, como el género y la discapacidad, generan situaciones de violación de derechos humanos que han pasado totalmente inadvertidos y que merecen ser abordados de manera sistemática a partir de un nuevo enfoque, que permita poner el acento en aquellos ámbitos por donde las organizaciones de personas con discapacidad y del movimiento de mujeres no se han detenido.

Así, este Plan se enmarca en las denominadas “medidas de acción positivas”, entendidas como estrategias que tienen un carácter limitado en el tiempo y cuyo objetivo es contribuir a eliminar prejuicios, actitudes, discursos y prácticas que dificultan a un determinado grupo social alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades; en este caso, las mujeres y niñas con discapacidad fundamentalmente, aunque no en exclusiva.

Este II Plan viene a dar continuidad al trabajo ya iniciado en 2005 con el I Plan Integral de Acción del Cermi, introduciendo mejoras, así como objetivos y medidas que tratan de dar respuesta a realidades no tenidas en cuenta anteriormente, o que no fueron consideradas prioritarias. Y este sería el caso de la inclusión en este plan de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, cuya situación presenta características específicas que deben ser abordadas en este marco.

Para su elaboración se ha tomado como marco legal y ejecutivo de referencia fundamental dos tratados internacionales de derechos humanos, como son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por Naciones Unidas en el año 1979, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada también por Naciones Unidas en 2006.

También se han tenido presente otros documentos de relevancia, como, por ejemplo, la Declaración del Milenio, adoptada por Naciones Unidas en el año 2000 y la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020: Un compromiso renovado para una Europa sin barreras.