En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que de las 6.500 analizadas, 2.700 normas tenían "indicencia negativa o mejorable", de las que aproximadamente un 30% son estatales y un 70% de rango autonómico, agrupadas en 29 sectores económicos.

Este Plan de Racionalización Normativa acompaña al proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre y que ya está en el Senado para continuar su trámite parlamentario.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, remarcó que objetivo de este estudio va en relación con el interés del Ejecutivo de “simplificar el sistema normativo” y “eliminar trabas del complejo sistema normativo español”. Según la vicepresidenta, se busca así “eliminar la dispersión y el exceso regulatorio”.

Guindos indicó que la "limpieza de burocracia" ya se ha empezado en el caso de las normativas estatales y confía en su conclusión dentro de seis meses, mientras que en el rango autonómico, el ministro se mostró seguro de que las CCAA "van a colaborar" y ayudar en esta reducción burocrática, porque este plan va a ayudar a la mejora de la renta española.