La presidenta de RSF-España, Malén Aznárez, dijo en un comunicado que "los políticos nos tienen demasiado acostumbrados a utilizar los medios públicos como una finca privada para sus intereses, manipulando los contenidos sin el menor respeto por la libertad de información, una dinámica muy alejada de una sociedad que se pretende democrática”.

A su juicio, la decisión del Ejecutivo de Alberto Fabra recuerda muy directamente al reciente caso de la televisión pública griega ERT: “algunos gobiernos utilizan los medios públicos como propaganda para sus intereses políticos antes que para ofrecer un servicio a los ciudadanos, los gestionan desastrosamente, inflan sus plantillas artificialmente y acumulan enormes déficits, responsabilizando a los trabajadores cuando quieren desprenderse de ellos”, ha denunciado la presidenta de la organización en España". “Es algo que resulta difícil de entender y que bien puede calificarse de perverso”, añadió Aznárez.

La organización de defensa de la libertad de información comprende que sea necesario redimensionar RTVV para su supervivencia, dadas sus actuales cifras de audiencia, plantilla y deuda, pero considera que, "con el cierre, son los periodistas y trabajadores, al igual que los ciudadanos que se ven privados de unos medios informativos, lo que pagan las consecuencias del despilfarro y mala gestión política y empresarial".

“Estas decisiones, cuando son inevitables, han de estar acompañadas de un detallado estudio, que debe de hacerse público, y además negociarse con los trabajadores y sindicatos correspondientes”, recordó la presidenta de RSF, quien añadió que la decisión de la Generalitat “es un golpe a la libertad y pluralismo informativo, y un nuevo fracaso de la información pública en nuestro país”.