Gil abandonará hoy mismo la cárcel madrileña de Soto del Real, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados.

Las fuentes consultadas indicaron asimismo que el exdirector general de la CAM Roberto López Abad todavía no ha reunindo los 1,5 millones de euros de fianza que le impuso el instructor, por lo que de momento permanecerá en prisión. López Abad tiene impuesta asimismo una fianza civil de 27 millones euros –de forma solidaria con otros cuatro exdirectivos- en la pieza principal contra la CAM.

Gómez Bermúdez decretó este jueves el ingreso en prisión bajo fianza de López Abad y Gil al acusarles de defraudar a Hacienda junto con dos empresarios alicantinos más de cinco millones de euros en tan solo tres años a través de un entramado de inversiones hoteleras e inmobiliarias en el Caribe.

El juez imputa a López Abad y Gil delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida. Gómez Bermúdez había dictado este martes un total de cinco órdenes de detención, pero dos de los reclamados –los empresarios alicantinos alicantinos José Baldó y Juan Vicente Ferri- no fueron finalmente arrestados por encontrarse en el extranjero.

FRAUDE A GRAN ESCALA

El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.

Los empresarios Juan Vicente Ferri y Jose Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.

Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.

La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desviaban a Curaçao.

La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011.

Los autos de prisión dictados este jueves por Gómez Bermúdez señalan a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez añade que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían estado eludiendo el pago de impuesto a la hacienda pública española en los últimos nueve ejercicios tributarios”.

ENTRAMADO FISCAL

El juez ha interrogado esta mañana al abogado Jaime Escrivá, quien fue detenido por la Guardia Civil. El letrado, pertenenciente al despacho Garrigues ha quedado en libertad y sobre él no pesa imputación alguna. Se le ha advertido, de hecho, que se vuelve a ser llamado a declarar lo hará en calidad de testigo.

Escrivá reconoció ante la Guardia Civil que ayudó a los imputados a eludir sus obligaciones fiscales en España y elaboró dos informes defendiendo la legalidad de la estructura creada por los detenidos. Gil y López Abad utilizaron estos informes “para justificar ante los órganos de decisión y control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el grupo Valfensal, venciendo así toda la posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja”.

Escrivá ha confirmado en su declaración “extremos de la investigación”, según señalaron fuentes jurídicas.