Según dicha nomativa, se establecen tres umbrales de renta en lugar de cinco para determinar la cuantía de las ayudas, y se exige una media de 6,5 a la hora de que aquellos beneficarios de ayudas económicas (no de la exención del pago de matrícula) puedan mantener su beca.

FETE-UGT también dirigió su queja contra la resolución de 5 de julio de 2013 de la Secretaría General de Universidades, referida al establecimiento de los precios públicos de estudios universitarios.

En su opinión, “la publicación de esta normativa supone la vulneración de los artículos 14 (derecho a la igualdad y no discriminación) y 27 (derecho a la educación) de nuestra Constitución”.

Entiende que también atenta contra los artículos 9.2 (deber de los poderes públicos de promover condiciones de igualdad reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud); 9.3, sobre la garantía del principio de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y 149.1.1, en cuanto proclama la competencia del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.