La entidad que preside Elsa González denunció hoy en un comunicado que "este cierre es un duro golpe a la democracia, al periodismo, a la libertad de expresión, a la pluralidad y al derecho de información de los ciudadanos".

"Este cierre ratifica la manifiesta incapacidad de los políticos de garantizar la existencia de unos medios públicos plurales e independientes. Por el contrario, los políticos se empeñan en convertir estos medios en órganos de propaganda de usar cuando conviene y de tirar cuando no sirven a los objetivos planeados", señala la federación.

A juicio de Fape, son medios que, cuando son gestionados con rigor e independencia y ofrecen servicios informativos basados en la veracidad y la imparcialidad, fortalecen la convivencia, la cultura y la lengua propia de una comunidad, fomentan el diálogo cívico y dan espacio y voz a colectivos que no encuentran hueco en los medios privados.

La FAPE confía en que este cierre "no sirva de modelo al Gobierno autonómico de Madrid, cuya cadena pública está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo sobre la nulidad del ERE dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia".

La Fape sostiene que la Directiva europea de Servicios de Medios Audiovisuales marca el modelo a seguir con medidas como la profesionalización de la gestión, la creación de un plan estratégico que establezca los recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dote de más recursos a los servicios informativos y establezca la rendición de cuentas de los responsables de la cadena.

El cierre de RTVV, añade la nota, "aporta otro capítulo negro a la crisis que está viviendo la profesión periodística en términos de empleo y de desaparición de medios".

El Observatorio de la Crisis de la FAPE ha documentado la destrucción de 10.500 puestos de trabajo periodísticos en los últimos cuatro años, la mitad de los cuales desaparecieron en 2012.