"No comprendemos los errores en el planteamiento de un Expediente de Regulación de Empleo, causa de su anulación por los tribunales, pero tampoco que, antes del cierre, no se haya explorado una solución alternativa que garantizase el mantenimiento de la plantilla necesaria para prestar un servicio público, razón de la existencia de este medio de comunicación", señaló la federación en un comunicado.

iCmedia se queja de que las Administraciones públicas "nunca han tenido en cuenta los intereses de los usuarios: ni para definir los modelos de televisión pública de las comunidades autónomas y ámbitos territoriales locales, ni para asegurar que esas televisiones se ajustarían a criterios de verdadero servicio público".

El comunicado añade que "no se ha conseguido una gestión eficaz de los recursos ciudadanos ni se han adaptado los servicios públicos audiovisuales al derecho a la información de todos los ciudadanos en comunidades autónomas como la valenciana".