Anticorrupción, en concreto, se ha opuesto en un escrito remitido hoy a la Audiencia Nacional a la ampliación de querella presentada por la acusación ejercida por Izquierda Unida y otros colectivos como la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción. Las acusaciones atribuían a Cascos y Acebes un total de 12 delitos, entre ellos prevariación, asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Álvarez-Cascos fue secretario general del PP entre 1989 y 1999, mientras que Acebes lo fue entre 2004 y 2008.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, también se opone a que se amplíe la causa para imputar a 14 nuevos empresarios que figuran en la supuesta contabilidad paralela del PP. Entre estos empresarios destacan Ignacio López del Hierro –el marido de María Dolores de Cospedal- y el ventrílocuo José Luis Moreno, así como Rafael Palencia, Lucio Moreno de Guerra, Camilo José Alcalá Sánchez y Vicente Cotino.

La Fiscalía asegura en su escrito que "no detecta en el relato de hechos la conexión que se sostiene en la ampliación de la querella, entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los ‘papeles de Bárcenas’ y las adjudicaciones de contratos públicos”.

CASCOS Y ACEBES

El fiscal Romeral sostiene que la ampliación de la querella “no se sustenta en hechos nuevos que se tratan de incorporar a la causa, sino en hechos en su mayor parte conocidos y puestos de manifiesto ya en la misma”.

En el caso de Cascos y Acebes, la Fiscalía considera que en el relato de hechos de los querellantes “no se describe conducta delictiva alguna que justifique la admisión de la ampliación de la querella”.

El informe de Anticorrupción señala que la querella “no se proporciona indicio o dato alguno distinto, al tratar de casar adjudicaciones con las entregas anotadas en los referidos papeles, que eleve la sospecha que les pueden infundir dichos hechos”. Además añade que “pese a la enumeración de potenciales delitos que dan a entender pueden derivar de estos hechos, lo que constatamos es que en su relato ni tan siquiera se narran como elementos fácticos, alguno de los necesarios para configurar los tipos delictivos referidos”.

Pero Romeral va más allá y asegura que el PP no puede cometer un delito contable ya que esta figura legal necesita que la entidad opere “de modo permanente en el mercado, circunstancia que no concurre en los partidos políticos a los que no les son de aplicación los delitos societarios”.

EMPRESARIOS DONANTES

La ampliación de la querella recogía detalladamente las donaciones realizadas por los 14 empresarios al PP así como las adjudicaciones posteriores que habrían recibido sus sociedades de administraciones gobernadas por los populares.

Anticorrupción asegura que estas donaciones de empresarios como Ignacio López del Hierro y José Luis Moreno, “de resultar acreditados, no son susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal”. Es decir, el fiscal Romeral entiende que en estas entregas de dinero no hay delito, y subraya que todas estas donaciones fueron realizadas ante de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos del año 2007, por lo que no suponen ninguna irregularidad.

Las acusaciones atribuían a todos los 14 empresarios delitos de asociación ilícita, alteración del precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, fraude y encubrimiento.

Anticorrupción, a la hora de argumentar rechazar la ampliación de la querella, se remite a un informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado y que fue remitido a la Fiscalía el pasado 28 de octubre.