Ruz, en un auto dictado hoy, lleva a juicio también a Demetrio Carceller Arce, hijo del principal acusado, a Gabriel Ignacio Pretus, abogado, y a José Luis Serrano Flórez, apoderado.

El juez atribuye a Carceller Coll 13 delitos contra la Hacienda Pública y un delito adicional de blanqueo de capitales y le impone una fianza de responsabilidad civil de 511 millones de euros. El objetivo de esta fianza es que el procesado pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y hacer frente a las posibles multas que se le impondrían en caso de ser condenado.

Ruz además impone fianzas de 402 millones para Gabriel Ignacio Pretus, 269 millones para Jose Luis Serrano Florez y 253 millones para Demetrio Canceller Arce. El juez recuerda en su auto que ya se ha decretado el bloqueo de las 36.272.424 acciones que Carceller Coll tenía en Damm por un valor de 208.566.438 euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el expresidente de Damm. Anticorrupción pide asimismo 14 años de cárcel para el actual presidente de Damm, Carceller Arce, hijo del principal acusado, al que considera cooperador necesario en el fraude. La Fiscalía pide por último 41 años de cárcel para Pretus y 19 para Serrano Flórez.

FRAUDE MASIVO

El instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, aseguró en el auto de transformación de sumario dictado el pasado 11 de septiembre que Carceller Coll, “con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias, inició, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España”, en concreto en la calle Marqués de Riscal de Madrid.

El objetivo era “poder ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte en paraísos fiscales”.

El juez cree que, mediante este sistema, Carceller ha defraudado desde el año 2001 –los ejercicios anteriores han prescrito- más de 72 millones de euros, 42.348.099 euros por el IRPF y 29.698.772 del Impuesto sobre el Patrimonio.

En este proceso, Carceller habría contado con la colaboración de su hijo, Demetrio Carceller Arce, del abogado Gabriel Ignacio Pretus y del apoderado José Luis Serrano Flórez.

El hijo, según Ruz, “participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre y, especialmente, en las inversiones inmobiliarias que tienen en Arizona”, realizando las gestiones necesarias “para ocultar todas las rentas” de su padre y para simular su residencia fuera de España. El abogado Pretus se habría encargado “de articular todas las sociedades” de Carceller , mientras que el apoderado Serrano actuaba de intermediario en estas gestiones.