El texto, que recibió el visto bueno de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja la semana pasada con la inclusión de modificaciones de varios grupos parlamentarios y con el voto en contra del PP y la abstención de CiU, permite, no obstante, que las menores no informen a sus padres o tutores de su intención de abortar si hay sospechas fundadas de que esta decisión puede conllevar problemas de violencia en el seno familiar.

El proyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo prevé también que los colegios impartan educación sexual y que los alumnos de Medicina y Enfermería estudien en sus carreras cómo se practica un aborto.

Del mismo modo, el texto, tal y como está redactado ahora, reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios implicados directamente en la interrupción de un embarazo y prevé financiar en parte o en su totalidad los anticonceptivos de última generación.

Mientras los diputados debaten sobre esta reforma legal, hombres-anuncio de Derecho a Vivir (DAV) pasearán delante del Congreso para protestar contra la nueva ley, al tiempo que miembros de la iniciativa "Bebé Aído" repartirán réplicas de plástico de un bebé de 12 semanas con la misma intención.