En su intervención en el Pleno del Congreso para defender la propuesta del Ejecutivo para el establecimiento del factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización de las pensiones, la ministra equiparó esta reforma con otras realizadas hace años, como la creación del Fondo de Reserva o la separación de fuentes de financiación.

Los grupos de la oposición habían presentado un total de 8 enmiendas a la totalidad de la reforma, que fueron rechazadas este jueves por el Pleno del Congreso por 176 votos en contra, 135 a favor y 1 abstención, gracias a la mayoría absoluta del PP.

Para Báñez, ésta es “mucho más que una reforma de un Gobierno”, ya que son cambios para garantizar “la sostenibilidad y transparencia del sistema gobierne quien gobierne”. Por esta razón, insistió en que hay que “estar a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, Báñez defendió que con esta reforma el sistema “ofrecerá lo que pueda ofrecer a los pensionistas”, garantizando que “nunca se congelará” su cuantía. Además, aseguró que con estos mecanismos se “mantendrá el poder adquisitivo en el medio y largo plazo”.

La ministra subrayó que con estas medidas el Gobierno quiere “devolver a la sociedad la confianza en el futuro del sistema” y “dotarlo de unas reglas de juego que lo blinden de tentaciones políticas”.

Así, sostuvo que es necesario “garantizar el futuro” del sistema con “medidas concretas” que se deben adoptar “sin dilación”. Con ellas, afirmó que “el barco se mantendrá siempre a flote” y añadió que, “una vez garantizado que no se hunde, hablemos de la velocidad a la que queremos ir”.

También afirmó que la dimensión del desafío es “muy importante” y que el proyecto del Gobierno es la “apuesta y respuesta a los retos que tenemos por delante”.

OPOSICIÓN

A pesar de la petición de “lealtad” de la ministra, la práctica totalidad de la oposición criticó la reforma planteada por el Gobierno y advirtió al Ejecutivo de que se ha quedado sólo en la defensa de estas medidas.

La diputada socialista Magdalena Valerio criticó que el proyecto del Gobierno “condena a los pensionistas presentes y futuros a cobrar pensiones más bajas y a la progresiva pérdida de poder adquisitivo”.

Asimismo, aseveró que el Ejecutivo con estas medidas “van en dirección contraria”, no sólo de los grupos parlamentarios o los agentes sociales sino de “los intereses y derechos de los pensionistas”.

Por su parte, el portavoz de CiU en la comisión del Pacto de Toledo, Carles Campuzano, denunció que es una reforma que “va a castigar a nuestros padres y abuelos”, que son “los que vivieron las épocas más duras de nuestra sociedad” y sufrirán un “periodo largo de pensiones cada vez más bajas”.

También, ante la petición de Báñez de que los grupos parlamentarios estén a la altura de la importancia de esta reforma, Campuzano reclamó “esa misma responsabilidad” por parte del PP en la reforma del año 2011.

Desde La Izquierda Plural, Joan Coscubiela denunció las “falacias y mentiras” en las que basa el Gobierno la justificación de esta reforma. En su opinión, las medidas propuestas “además de injustas son inconstitucionales”.

En una línea similar, el portavoz de UPyD Álvaro Anchuelo mostró la “preocupación” de su formación por “asentar el debate” sobre esta reforma “sobre bases falsas”, como decir que “se va a mantener el poder adquisitivo” de las pensiones.

Para Emilio Olabarría, del PNV, el proyecto es “manifiestamente insuficiente”, por lo que exige al Gobierno que “afronte de manera rigurosa este debate”. Así, insta al Ejecutivo a no centrarla en los gastos si no en mejorar los ingresos del sistema.

Dentro del Grupo Mixto, Olaia Fernández Davila del BNG criticó que la reforma va “en la línea de los recortes”, mientras que Joan Tardá, de ERC, denunció que “atenta” contra los derechos de los pensionistas y está hecha “al servicio de los tiburones de los poderes financieros”.

Por su parte, Uxue Barkos (Geroa Bai) aseguró que las medidas suponen “simple y llanamente una rebaja del sistema de pensiones”; Enrique Álvarez Sostres (Foro) consideró que es un texto “erosionante y negativo para los pensionistas”; y Sabino Quadra añadió que está hecho para que “las grandes aseguradoras muerdan con los recortes”.

Asimismo, Joan Baldoví de Compromis alertó de que el proyecto supone un “mecanismo de bajada de las pensiones oculto tras unas fórmulas matemáticas” y Pedro Quevedo de CC auguró una “gravísima pérdida de poder adquisitivo” para los pensionistas. Sólo Carlos Salvador, de UPN, advirtió de que si no se toman estas medidas el sistema “no será sostenible en el futuro”.