Así lo manifestaron al defender sus enmiendas de adición a la moción de UPyD sobre los propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado "derecho a decidir", enmiendas que fueron rechazadas por la agrupación que lidera Rosa Díez. A cambio, ésta le ofreció elaborar una enmienda transaccional.

María Ángeles Esteller Ruedas (PP) afirmó que en Cataluña “se está distorsionando el Estado de Derecho para defender la consulta soberanista” y dijo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, trata de “cubrir su falta de liderazgo” con la celebración de la consulta, “intentando convencer a los catalanes de que toda su vida mejorará y que la independencia va a resolver sus problemas”.

Señaló que ningún derecho es absoluto y que siempre ha de ponerse en correlación al resto de los establecidos en la Carta Magna y añadió que “la secesión no es un derecho reconocido en la Constitución”.

Ignacio Sánchez Amor (PSOE) dijo que no es bueno defender la Constitución “desde posiciones dogmáticas” y que “el mundo no se divide entre los buenos y los nacionalistas”. “No se defiende la Constitución dándole con ella en la cabeza a nadie”, advirtió.

Este diputado del PSOE defendió una reforma que reafirme el pacto constituyente de los años 70 y que sea de corte federal.”O se apoya esta propuesta de reforma o no se podrá contar con nuestro apoyo ni ahora ni en el futuro”, aseguró.

CLARIDAD

Previamente, durante su intervención, Rosa Díez dijo su moción nace después de que los nacionalistas catalanes decidieran en el Parlament “sobre lo que es competencia de todos los españoles”.

El objetivo de la moción de UPyD dejar claro que es en el Parlamento donde reside la soberanía nacional. “Es aquí donde corresponde decidir a todos y entre todos sobre el futuro de nuestro país. Le llaman derecho a decidir lo que es decidir unos pocos por todos”, apuntó.

“Nadie, en nombre de ninguna raza, de ninguna religión, grupo, cultura, o ninguna historia puede parcelar los derechos de nadie por encima del mapa y del territorio”, defendió Rosa Díez, porque, argumentó, “los territorios no tienen derechos”, sino los ciudadanos.

Llegado el turno de fijación de posición, el diputado de CiU Jordi Janè arremetió contra Díez por haber dicho que el Parlament de Catalunya pretende decidir aspectos que no son de su competencia. “Y eso no es verdad”, aseguró este diputado, quien recordó que lo aprobado por el gobierno autonómico fue instar un urgente diálogo con las instituciones del Estado para sentar las bases legales para una consulta.

“¿Esto no lo puede aprobar el Parlament de Catalunya cuando lo pide el 79,3% de los diputados? A ustedes les asusta la democracia”, concluyó Janè, para quien “democracia es escuchar lo que pide la ciudadanía”.

Por su parte, Joan Josep Nuet, del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, manifestó que su grupo “no comparte que la democracia es una falacia”. “Se empieza afirmando que un derecho democrático es una falacia y se puede acabar cuestionado la propia democracia”, advirtió, al tiempo que recordó que el Parlamento hizo una reforma exprés de la Carta Magna “bajo el dictado del FMI” en una decisión en la que hubo “muy poca soberanía española”.

Aitor Esteban (PNV) dijo que el texto presentado por UPyD está “trufado de definiciones manipuladas a su antojo” y planteó “¿por qué no se puede preguntar al pueblo”. “¿ustedes no pretenderán una Constitución trampa, una especie de cárcel de los pueblos? Relajen las tensiones, busquen un futuro dialogado”, sugirió. .

GRUPO MIXTO

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Jon Iñarritu, de Amaiur; Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Jon Iñarritu (Amaiur) señaló que sociedades como la vasca, gallega o la catalana llevan años reclamando el derecho a decidir encontrándose con la oposición de los gobiernos de turno, amparándose en la Constitución. “¿A estas alturas de la película todavía no se han dado cuenta de que su Constitución, su Tribunal Constitucional son parte del problema?”, inquirió. “La libertad y la democracia no se pueden restringir”, apuntó.

Alfred Bosch (ERC) no ayuda usar eufemismos, el derecho a decidir puede llevar a confusión en lugar de ayudar a comprender las cosas. “Nosotros lo usamos como sinónimo de derecho de autodeterminación”, que, añadió, está reconocido en tratados internacionales

Por su parte, Carlos Salvador (UPN) hizo hincapié en la contradicción que supondría formar parte de la Unión Europea habiendo dividido la nación y preguntó que “quién se iba a fiar” de quien en vez de buscar la unión busca la separación.

LA MOCIÓN

La moción es consecuencia de una interpelación que debatió UPyD con el Gobierno, y en ella expone que el llamado "derecho a decidir" ya está recogido en el artículo 23 de la Constitución, según el cual "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Ese derecho, explica UPyD, ha de ponerse en relación con el artículo 1.2 de la Carta Magna, según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

Por tanto, sentencia, ni en Cataluña ni en ningún otro lugar de España se ha conculcado ese derecho "ni cabe bajo ningún concepto que una parte decida sobre la organización territorial de todo el Estado, pues tal cosa supondría trocear el cuerpo de la ciudadanía y redefinir del sujeto de la soberanía, en contra de la propia Constitución".

"La falacia de que se está vulnerando un supuesto derecho a decidir es más que evidente, pero sin embargo no encuentra una respuesta clara y contundente desde las instituciones comunes", denuncia esta formación.

Por ello, considera imprescindible que en el Congreso de los Diputados, lugar en el que reside la soberanía nacional, "se proclame de forma tajante y definitiva" que en un Estado social y democrático de Derecho "nadie está por encima de la Ley ni puede amenazar con subvertir el ordenamiento jurídico".

Proponen por ello una proclamación del Congreso en el sentido de que "bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión".

Quieren también que el Congreso afirme que ninguna autoridad o poder público tiene "derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución Española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles".

Además, buscan reafirmar la vigencia de los artículos de la Constitución según los cuales España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; y la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.