El encargado de defender la toma en consideración de la proposición para modificar la ley orgánica del Poder Judicial para atribuir a la Audiencia nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción fue el diputado socialista Javier Barrero.

“Como legisladores tenemos la obligación política y ética de establecer un marco claro y rigurosos que permita la persecución y el castigo efectivo de la corrupción”, dijo Barrero, quien defendió que su propuesta permitiría una mayor rapidez y agilidad de la justicia frente a la corrupción “cometida por representantes públicos”.

Argumentó que “lo que más daña de la corrupción es que sean representantes públicos los que están enfangados en ella” y afirmó que hay que dejar claro que el corrupto, aunque forme parte de las instituciones democráticas, es “un extraño” que “no representa a nadie”.

Ninguno de los intervinientes compartió su tesis de las bondades que acarrearía tal propuesta, aunque todos, sin excepción, coincidieron en la necesidad de luchar contra la corrupción.

Por su parte, Eduardo de Olano Vela (PP) criticó que la proposición socialista “no deja de ser un parche”, que no sólo es “poco consistente jurídicamente” sino que busca “más el efectismo mediático que la eficacia de la lucha contra la corrupción”.

Aprovechó para recordar el paquete de medidas contenidos en el Plan de Regeneración Democrática con el que el Gobierno, aseguró, “cerrará el paso a la corrupción y regenerará las instituciones, fortaleciéndolas”.

SIN ARGUMENTO DE PESO

Por su parte, Mercè Pigem (CiU) defendió que “la mejor prevención contra la corrupción es que no puede haber impunidad”. Asimismo, criticó que el PSOE no dio “argumentos de peso” para convencer a su grupo de las bondades de su iniciativa y recordó que la Audiencia Nacional “ya conoce de determinados delitos de corrupción, que no ha evitado alguno de los problemas que la iniciativa del PSOE pretende corregir”.

Por su parte, el diputado Gaspar Llamazares intervino en nombre del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural. “Atengámonos a lo que está sucediendo en la Audiencia Nacional en casos de corrupción”, dijo este parlamentario.

“Gürtel, cinco años ¿Ese es el mecanismo de agilización que pretendemos? Caso Bárcenas: Pelea sobre el juez que finalmente instruye la causa”, añadió Llamazares, quien utilizó estos dos ejemplos para destacar que la Audiencia Nacional ni es más ágil en la lucha contra la corrupción “ni es tan independiente de las presiones políticas”. “No ganamos demasiado”, apostilló.

Rosa Díez (UPyD) señaló que la propuesta del PSOE supondría “desnaturalizar” la Audiencia Nacional y agregó que el hecho de que se pretenda que este tribunal se encargue de los casos protagonizados por cargos públicos supone además “atribuir injustificadamente un privilegio” a los políticos.

Implica que sería juzgado por un tribunal superior sobre el que además decide el Poder Judicial, que es un “órgano politizado”, añadió Díez. Asimismo, agregó que el volumen de trabajo sería tal, que la Audiencia Nacional no daría abasto, “con lo que no habría enjuiciamiento rápido y ágil”, como asegura el PSOE.

Emilio Olabarría (PNV) señaló que a su grupo parlamentario le “repugna” la corrupción, que “es la náusea de la democracia”. Tras afirmar que hay que ser “inmisericorde” con la corrupción, “sea quien sea el afectado”, añadió que aunque la intención de la propuesta del PSOE “es buena”, lo cierto es que no lo es la fórmula elegida, en lo que a la Audiencia Nacional se refiere, por entender que se rompe el principio del juez natural.

Por parte del Grupo Mixto intervino el diputado de Amaiur Sabino Cuadra, quien, tras señalar que comparte la preocupación del PSOE por la corrupción, añadió que la Audiencia Nacional debería ser suprimida y la corrupción, juzgada por el juez “natural correspondiente” en función del lugar en el que se perpetra el delito.

LA INICIATIVA

La iniciativa del PSOE se sustenta en la necesidad de implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra la corrupción, abarcando tanto la prevención como la sanción penal.

Creen que la firmeza de la persecución penal de esos delitos requiere asegurar, "mediante un enjuiciamiento ágil y eficaz de los delitos, que no puedan producirse injustificados retrasos en los procedimientos judiciales, así como que los órganos judiciales competentes dispongan de medios idóneos para su enjuiciamiento".

Por ello, proponen atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos. Para tal fin, proponen añadir un apartado más al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cuáles son las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Incluyen en la propuesta la demanda al Gobierno para que remita antes de tres meses un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de estos delitos y un régimen especial en relación con la admisibilidad de sentencias de conformidad.