En un comunicado, Gestha explica también que las personas con menores ingresos, que representan el 46,3% restante, apenas disfrutarán del 10% de la bajada. Además, denuncia que la medida no afecta a aquellas con ingresos por debajo del umbral de pobreza, que son las que ganan menos del salario mínimo interprofesional, situado en 9.034 euros brutos anuales.

Estas cifras suponen que, de los 226,7 millones de euros que la Comunidad de Madrid dejará de ingresar por reducir la tarifa autonómica del impuesto, 202,3 millones irán a parar a los que ganan más de 17.707 euros.

De hecho, el grueso de la medida (32,6%) beneficia a las rentas por encima de los 60.000 euros, que apenas representan el 6,8% del total.

Para Gestha, “estos datos cuestionan el principio constitucional de equidad que debe inspirar el sistema tributario español”.

En cuanto al ahorro medio por contribuyente, Gestha también detecta que existen grandes diferencias según los tramos de renta. Así, mientras el ahorro medio por contribuyente es de 73 euros anuales, los que ganan menos de 17.707 euros dejarán de pagar, como mucho, 33 euros, frente a los más de 3.200 de ahorro que obtendrán las rentas superiores a los 600.000 euros.

Con respecto a los contribuyentes con rentas más altas, los técnicos recuerdan que además tienen la ventaja que les supone que Madrid sea la única Comunidad Autónoma que no exige el Impuesto sobre el Patrimonio a las grandes fortunas perdiendo algo más de 300 millones.

Por otro lado, los Técnicos del Ministerio de Hacienda creen que esta medida puede ser precipitada, ya que convendría aplazarla hasta que se conozcan las principales directrices de la nueva reforma fiscal que está diseñando un comité de expertos y que se presentará a principios del próximo año, la cual deberá asegurar los principios constitucionales de justicia, progresividad, equidad y suficiencia para atender las inversiones y prestaciones públicas.

Además, también creen conveniente que previamente se alcance un acuerdo entre las comunidades autónomas sobre la reforma del modelo de financiación, una reivindicación que también ha impulsado la propia Comunidad de Madrid.