Ante los 17 consejeros del ramo presentes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, Wert dijo ser “especialmente sensible” a “las dificultades técnicas” que en este terreno han manifestado varios senadores y consejeros.

En su redacción actual, el texto prevé que la ley entrará en vigor el curso que viene y que en dos años habrá concluido su implantación, con lo que las autonomías deberán asumir en ese período de tiempo el coste extra que tal cambio supone.

La responsable de Educación de Cataluña, Irene Rigau, recordó que “el 95% de la política educativa la asumen las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central solo paga el 5%”.

En su opinión, es “injusto” que “quien solo aporta el 5% quiera obligar a los que sostenemos el 95% restante, y que además estamos sujetos por las restricciones para contener el déficit, a financiar en dos años una ley que el propio ministro ya dijo que sería cara”.

La senadora de CiU Montserrat Candini tildó, a su vez, la memoria económica de la Lomce de “insuficiente”, opinión que compartieron otros parlamentarios y consejeros.

Por ello, Wert se mostró favorable a un replanteamiento del calendario de implantación de la ley, en base “al principio de lealtad institucional. “En ningún caso se retrasará su entrada en vigor”, subrayó el ministro, pero sí los plazos de aplicación, lo que en consecuencia relajará las necesidades financieras. Las negociaciones correrán a cargo del grupo del PP en el Senado durante el trámite parlamentario de la Lomce, indicó.

Además, Wert apuntó que desde que la norma echó a andar como anteproyecto de ley, ministerio y comunidades autónomas crearon un grupo de trabajo para analizar “los costes de la enseñanza” y el impacto de la implantación de la Lomce, que “tendrá su cristalización” cuando se aborde el nuevo modelo de financiación autonómica.

DIFERENTE, PERO NO INCONSTITTUCIONAL

El ministro admitió que “el reparto competencial” que propone la Lomce es “distinto” al actual, pero rechazó que implique una invasión de competencias y que sea contrario a la Constitución.

En ningún punto del informe del Consejo de Estado “se nos indicaba tal cosa”,prosiguió, y sí en cambio señalaba este organismo que “lo de las competencias compartidas es suceptible de enfoques diversos", señaló.

“He reconocido que (este nuevo modelo) es diferente”, insistió, pero “es conforme con la Constitución, la abundante jurisprudencia y, a nuestro juicio, más funcional de cara a conseguir el objetivo de la ley, que es mejorar la calidad educativa de todas las autonomías”.

De esta forma, Wert respondía a las acusaciones de invasión de competencias que todos los portavoces de la oposición y los consejeros de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias realizaron contra el proyecto de ley.