En su redacción actual, el texto prevé que la ley entrará en vigor el curso que viene y que en dos años habrá concluido su implantación, con lo que las autonomías deberán asumir en ese período de tiempo la financiación extra que tal cambio supone.

Varios consejeros habían tildado la memoria económica de la Lomce de ”insuficiente” e "injusta", por hacer asumir a las comunidades el grueso de su financiación en solo dos años.

Por eso, Wert se mostró favorable a un replanteamiento del calendario de implantación de la ley, que en ningún caso retrasará su entrada en vigor pero sí los plazos de aplicación, lo que en consecuencia relajará las necesidades de financiación.

Estas negociaciones correrán a cargo del grupo del PP en el Senado durante el trámite parlamentario de la Lomce, indicó.