Joaquim Bosch, portavoz de JpD, valoraba así, en declaraciones a Servimedia, que medios de comunicación hayan informado de la posibilidad de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU haya espiado también en España.

Según Bosch, se habría cometido “delitos contra la intimidad que deben ser investigados” si se prueba que los estadounidenses han rastreado en España millones de llamadas, SMS y correos electrónicos de ciudadanos españoles. También se habría producido el seguimiento a políticos y miembros del Gobierno.

El portavoz de JpD aseguró que “si se prueban estas acusaciones, deben ser investigadas puesto que, entre otros delitos, se trataría de un delito contra la intimidad”. “Una vez se tenga la certeza de que se ha cometido un delito, entonces hay que actuar de forma judicial” añadió Bosch.

A juicio de esta asociación de magistrados, es importante diferenciar “actuaciones políticas y judiciales, determinar quién ha ordenado estas escuchas, y actuar sobre las personas implicadas”. En este caso, apuntó que no solo es deber del Gobierno actuar al respecto, sino que la Fiscalía podría proceder a través del ejercicio de acciones legales contra las personas encargadas de ordenar el espionaje.