Según explica la aerolínea irlandesa de bajo coste en un comunicado, su argumento se basa en que las conclusiones del tribunal son “claramente erróneas e incompatibles con la legislación vigente en materia de protección del consumidor”.

Asimismo, defiende que esa ley del consumidor confirma por otro lado que la legislación irlandesa es aplicable en las cláusulas examinadas, algo que rechaza la sentencia del juzgado madrileño.

La sentencia también declara nula la exigencia de documentación conforme a los reglamentos internos de Ryanair, que ahora deniega la validez del libro de familia, el pasaporte no necesariamente en vigor, el carné de conducir o el permiso de residencia.

Por otro lado, declara nula la condición por la que la compañía aérea exige el pago en el aeropuerto con tarjeta, la que permite libremente a la empresa rechazar el transporte del pasajero o su equipaje si se lo ha comunicado previamente y la que prohíbe transportar en el equipaje determinados objetos (dinero, llaves, cámaras, ordenadores, medicamentos, gafas, lentes de contacto, relojes, teléfonos móviles, cigarrillos, pasaportes y otros documentos).

Por último, la que permite a la compañía cobrar un importe indeterminado en concepto de almacenamiento si no se recoge el equipaje tan pronto como llegue a su destino y la que permite la modificación unilateral del vuelo por parte de Ryanair.