El texto aprobado resultó de una transacción entre el Grupo Parlamentario de CiU, que presentó la proposición no de ley, y el Popular, que recabó el apoyo del resto de grupos presentes en la Comisión. El informe que se pide al Gobierno debe abordar el artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Este artículo declara que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio", y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

A resultas de estas disposiciones, en España no pueden votar unas 80.000 personas, a quienes un juez ha declarado incapaces de ejercer su derecho de forma autónoma. Que estas personas puedan votar libremente es una vieja reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Por CiU, expuso la iniciativa el diputado Jordi Jané, quien comenzó reconociendo que la idea viene del Cermi y de un folleto editado por éste bajo el título 'Tienes derecho a votar. Que nadie te lo quite'. Recordó que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mostró su preocupación por el hecho de que la mayoría de los jueces que tienen potestad para decidir si una persona con discapacidad intelectual o psicosocial es apta para votar emiten sentencias en contra, cuando la denegación debe ser excepcional, razonada y “obedecer a razones muy poderosas”.

El portavoz de CiU reveló que su grupo no había aceptado la enmienda que le presentó en principio el PP porque era genérica, sin proyectos concretos, sin plazos y sin hacer mención expresa a la legislación electoral española. Sin embargo, añadió, al final el texto pactado incluye el plazo, es “un mandato concreto y conciso” y da a entender que la legislación española no está adaptada a la Convención de la ONU. No obstante, advirtió de que los diputados catalanes estarán “muy vigilantes” de que el Gobierno cumpla el mandato y el plazo.

HALAGOS AL CERMI

Por el PP, el diputado Francisco Vañó reconoció también la “profesionalidad” y el “sensato” trabajo del Cermi y que la Convención de la ONU, aprobada por España en 2008, ha de ser respetada. Sin embargo, recordó que ya hay un grupo interministerial constituido para adaptar la legislación española a su texto, y señaló que a él es a quien se ha pedido el informe.

Los portavoces del resto de grupos parlamentarios expresaron su apoyo al texto consensuado y también al Cermi. De éste, por ejemplo, el del PNV, Emilio Olabarría, celebró que sea “colegislador” en esta materia y que su capacidad de iniciativa es “digna de encomio”, y el de La Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, que sea un “referente legislativo paralelo” al que se “copian” mucha de sus iniciativas. Desde UPyD, Irene Lozano aplaudió la importancia de que una organización de la sociedad civil tenga un papel tan activo

Por lo demás, Olabarría comentó que la propuesta es razonable, aunque no quiere pensar que el poder judicial prevarique sistemáticamente negando el derecho de voto a algunas personas con discapacidad; Lozano felicitó a CiU por lograr incluir un verbo de actividad como “elaborar” en el texto consensuado; y el portavoz de Amaiur, Rafael Larreina, calificó la iniciativa como “pertinente y de justicia”.

El portavoz que hizo más precisiones fue el socialista, Ramón Jáuregui, quien, aun garantizando el voto a favor de su grupo, recordó que las personas con discapacidad, en general, ya pueden votar y que en agosto de 2011 se aprobó, dentro de la inclusión de la Convención de la ONU en la legislación española, que el Gobierno debía adaptar su regulación sobre la incapacitación por un juez para el derecho a voto.

Jáuregui puntualizó que sólo a algunas personas con discapacidad intelectual se les retira el derecho al voto; que lo hace un juez después de escuchar al médico y de ver personalmente al paciente, y que la mayoría de las 80.000 personas a quienes se le ha retirado ha sido a petición propia. Así, observó que no se trata de descubrir el Mediterráneo ni de conceder el voto a un colectivo, sino de “establecer una salvaguarda” para que la privación del derecho de sufragio sea la excepción y no la regla.