En la defensa de la moción, el portavoz de empleo del PSOE en el Senado, Francisco Martínez-Aldama, explicó que la iniciativa persigue “llamar la atención del Gobierno ante las dificultades que atraviesan estos centros y aportar ideas, propuestas y soluciones, algunas reivindicadas por el sector, para ayudar a mejorar la situación y a encarar con más posibilidades el presente y el futuro”.

Sobre los CEE, tras destacar que “es indudable que han sido y son un referente imprescindible en la contratación de personas con discapacidad en España”, advirtió de que “resultan más vitales que nunca para miles de trabajadores con discapacidad”

Asimismo, valoró que sus plantillas “han experimentado un crecimiento destacable, a pesar de la profundidad de la crisis”, y señaló que ahora atraviesan problemas por los recortes presupuestarios (que estima en unos 100 millones desde que gobierna el PP), la falta de crédito y las demoras en los pagos.

Apuntó también que el papel de los 1.912 centros de estas características existentes en España es básico para las oportunidades reales de empleo para un total de 61.851 personas con discapacidad y para otras 8.003 sin discapacidad.

En la misma línea, destacó que generan para las arcas públicas una aportación neta anual de más de 230 millones de euros, por lo que “por cada euro que invertimos, recibimos entre 1,40 y 1,50”.

Por todo ello, concluyó que los CEE “han sido y son el motor del empleo de las personas con discapacidad en España, y han contribuido y contribuyen a la vertebración social y el desarrollo”. “Son en términos sociales un modelo de éxito que puede transmitirse a otros colectivos”, apostilló.

REFORMA CON CONSENSO

En nombre del PP, formación que rechazó la propuesta, Virginia Romero explicó que aunque algunas de las propuestas son individualmente aceptables, “ni la exposición de motivos ni las propuestas responden a la realidad”.

Por ello, defendió que debe llevarse a cabo una reforma a través del consenso y del estudio riguroso de la situación para “evitar que vuelvan a repetirse las malas soluciones y decisiones que se adoptaron en el pasado”.

Finalmente, aseguró que los CEE son “prioritarios para el Gobierno de España y para el Grupo Popular, porlos que creemos y apostamos, porque son la fórmula para avanzar en el empleo en el colectivo de la discapacidad”.

La iniciativa pedía al Ejecutivo, en colaboración con las comunidades autónomas y los entes locales, que adoptara una política integral de defensa y apoyo a los centros especiales de empleo de acuerdo a sus necesidades normativas y económicas más urgentes y que contemplara una serie de medidas.

Entre estas medidas, los socialistas reclamaban que se clarifique normativamente la diferencia entre centros especiales de iniciativa social (Ceeis) y el resto de centros especiales de empleo (CEE) y que se solventaran las cuestiones problemáticas suscitadas por la sucesión de empresas en adjudicaciones de contratos de servicios en las que interviene un CEE, especialmente por lo que se refiere a la subrogación laboral de los trabajadores.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

El texto proponía también al Ejecutivo que promueva la interrelación entre centro ocupacional y centro especial de empleo, fomentando la transición de uno a otro y estableciendo mecanismos que garanticen el retorno al centro ocupacional en caso de no ser exitosa la transición.

En relación a la legislación relativa a la contratación en el sector público, el texto abogaba por que se garantice que los órganos de contratación reserven la adjudicación de un porcentaje de un 10% del importe total anual de su contratación a estos centros de iniciativa social, quedando excluidos de dicho cómputo los contratos de obras y de concesión de obra pública y estableciéndose que el porcentaje de esta reserva social en cada órgano de contratación se establecerá sobre el importe total anual de su contratación en el ejercicio anterior.

A través de esta moción, también se solicitaba al Gobierno que permita una calificación estatal como centros estatales de empleo a promotores que disponen de diversos CEE en distintas comunidades autónomas y que cree un Registro Estatal de Centros Especiales de Empleo, diferenciando CEEIS y CEE.

Además, perseguía revisar en profundidad la normativa de medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, la relativa a enclaves laborales y la referida al fomento del empleo con apoyo público.

ADAPTACIÓN DEL PUESTO Y TELETRABAJO

Por otra parte, la moción incidía en la necesidad de fomentar el trabajo en los CEE, en coordinación con las comunidades autónomas, de articular mecanismos de cooperación que permitan solventar las dificultades derivadas de la existencia de teletrabajadores en diferentes territorios autonómicos cuando el CEE no tiene sede en dichas comunidades, incrementar la ayuda por adaptación del puesto de trabajo y permitir el teletrabajo a empleados de CEE con discapacidad intelectual.

También pedía que se impulsen nuevas líneas de financiación dirigidas a los centros especiales de empleo de iniciativa social, mediante la creación, a través del ICO, en colaboración con instituciones autonómicas similares o por acuerdo con entidades financieras, de un instrumento de financiación que permita disponer, de manera inmediata, del importe de las ayudas de apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo y de las ayudas de generación de empleo.

Por último, proponía mejorar los costes de apertura, bonificar los intereses generados con ayudas de la Administración Pública, avalar créditos para inversiones en centros especiales de empleo y crear fondos de capital riesgo social para iniciativas innovadoras y de gran impacto económico y social.