Según FETE-UGT Y FREM CCOO, “los servicios mínimos del acuerdo son inaceptables y superan en gran medida los establecidos por la comunidad para los centros públicos en los mismos niveles, lo que limita el derecho de huelga de los trabajadores del sector y supone una discriminación”.

“La firma de un acuerdo sobre servicios mínimos por solo una parte de los sindicatos sin que hubieran sido convocados confunde a los trabajadores y nos obliga al resto de las organizaciones a desvirtuarla, tanto en la vía judicial como ante la opinión pública afectada”, subrayaron.

Por ello, en su demanda solicitan “la suspensión cautelar del acuerdo, por ser nulo de pleno derecho”.